Gowex, Pescanova y Bankia y su efecto en la nueva Ley de Auditoría

presidente del ICAC
Ana María Martínez-Pina, presidenta del ICAC

Trabajar como auditor en los últimos años se ha convertido en algo bastante ingrato. Las intensas e inacabables jornadas de trabajo, así como la responsabilidad a la que se enfrentan, no compensa en muchas ocasiones los altos honorarios. Y menos cuando aparece un Pescanova, Bankia o Gowex dispuesto a mermar su credibilidad y ponerle en el punto de mira de la opinión pública.

Y ha sido, quizás, con esa premisa -acompañada de una exigencia de trasponer la nueva directiva europea en materia de Auditoría y Contabilidad de Cuentas antes de junio de 2016- con la que el Gobierno se ha lanzado a legislar en un corto plazo de tiempo la reforma de esta normativa.

Un sector descontento con la normativa

Sus objetivos fundamentales eran reforzar la independencia, la transparencia y reducir la concentración en el mercado. Sin embargo, con lo que se ha encontrado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sido con un sector descontento por el procedimiento. La rapidez con la que se ha aprobado el proyecto -en los próximos días llegará al Congreso-, la falta de diálogo con los representantes sector, un crítico informe del Consejo de Estado y algunos puntos del texto sólo levantan polémica sobre la nueva ley.

El principal aspecto que no convence de esta norma es la cuestión de la independencia y de las sanciones. y es que un auditor separado de su pareja, pero todavía casado, ¿debe saber dónde invierte ésta? o, ¿dónde tiene acciones su hermano con el que hace años que no habla?

Escándalos que dejan mal al sector

Hace unos meses, un trabajador de una firma de servicios profesionales se quejaba durante una comida de la mala imagen que tiene el auditor. «Por una mala praxis, el muerto cae a toda la profesión», explicaba. En este sentido, destaca un dato publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE): en el país, se realizan alrededor de 60.000 informes de auditoría al año. ¿Realmente hemos encontrado 60.000 escándalos o son casos aislados?

En esta línea, el informe del Consejo de Estado calificaba de «sumamente farragoso» el sistema de los denominados «servicios prohibidos» o incompatibilidades. Así, señalaba que «sería mucho más claro distinguir, bajo un enfoque de amenazas y salvaguardas, lo que se refiere a las situaciones de incompatibilidad derivadas de las circunstancias personales«.

Sin embargo, la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina, aclaró a elEconomista durante un encuentro con los medios que «nuestro sistema de incompatibilidades es del año 1988 y la directiva fue evolucionando hasta recoger este enfoque de amenazas y salvaguardas. Ahora conviven los dos y está más en línea con la norma de la UE».

Llama la atención que, entre la lista negra de servicios sí se permiten algunos fiscales o de valoración -este era uno de los puntos en el que la norma europea abría la mano y permitía que cada estado miembro adaptase según su opinión-.

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Seguir leyendo la noticia. Fuente: elEconomista